Hace unos meses Joan Maria Thomas, uno de los grandes historiadores del franquismo- según ha recordado Enrique Moradiellos recientemente en las páginas de El Cultural (22-28 diciembre 2017), publicó una relevante obra sobre las disensiones internas entre las diferentes familias ideológicas y grupos de poder del primer franquismo titulada Franquistas contra franquistas. Luchas de poder en la cúpula del régimen de Franco. Como ejemplo de la lucha feroz que se suscitó en los primeros años del franquismo entre los diferentes elementos del nuevo bloque de poder surgido de la guerra «incivil» Thomas analiza, tal y como refiere en esta entrevista que se le hizo en El Confidencial, dos de las cuatro crisis internas que se dieron entre 1937 y 1942: la provocada por la ‘defenestración’ como delegado nacional de Sindicatos del falangista Gerardo Salvador mediante el uso del arma antimasónica por parte de sus enemigos militares, empresariales y carlistas; y el llamado ‘Atentado de Begoña’ de 1942, cuando carlistas, falangistas y militares se enfrentaron, con el resultado del lanzamiento de una granada de mano que provocó 71 heridos y tres ministros destituidos: el general Varela -Ejército-, el coronel Galarza -Gobernación- y Serrano Suñer -Asuntos Exteriores.
En ese marco de duros enfrentamientos en el interior del franquismo se ubica la creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por una disposición publicada en el BOE de 28 de noviembre de 1939, pp.6668-6671. Recientemente Rosario E. Fernández Terán y Francisco A. González Redondo han reconstruido el contexto de ese momento fundacional de la institución que se convertiría en el «brazo armado» de la política científica del franquismo como expuse en mi Breve historia de la ciencia española. Han llevado a cabo esa labor en su artículo «Entre José Castillejo y José Mª Albareda: Julio Palacios, «el último presidente» de la Junta para Ampliación de Estudios, 1939-1949″, publicado por la revista Historia de la educación, nº35, 2016: 293-320, que llegó a mis manos gracias a mi amiga la historiadora de la educación Gabriela Ossenbach.
El artículo está apoyado en una sólida base documental procedente de los archivos de la Residencia de Estudiantes y de Julio Palacios (1891-1970), relevante físico, catedrático desde 1916 de Termología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, y director de la sección de rayos X del Instituto Nacional de Física y Química, la gran instalación científica republicana inaugurada el 6 de febrero de 1932, según informé en una de mis entradas de este blog. (ver aquí).
Fotografía de Julio Palacios
Basándose en esa información Fernández Terán y González Redondo destacan cómo hubo unos meses, a partir del 26 de abril de 1939, en los que Julio Palacios como vicepresidente del Instituto de España, que nominalmente dirigía Manuel de Falla pero este se encontraba en Argentina y nunca tomó posesión de su cargo, se hizo responsable de la reorganización de las Reales Academias y de todo cuanto había dependido de la Junta para Ampliación de Estudos e Investigaciones Científicas. Y así en palabras de Palacios «con los escasos elementos disponibles y siguiendo las normas de austeridad de la antigua Junta, logré poner en marcha todos sus Institutos de investigación».
Pero esa inspiración en el ideario de la Junta le pasaría factura en los meses venideros. Y así mientras se encontraba en tierras argentinas adonde fue en viaje de propaganda cultural en agosto de 1939 se desencadenó una campaña anti-Palacios en la que desempeñó un papel fundamental el edafólogo y director del Instituto Ramiro de Maeztu José María Albareda, -en cuya biografía he trabajado para incorporarla al diccionario on line JAEeduca-. (ver aquí). Albareda, en efecto, intentó -mientras Palacios estaba fuera de Madrid- convencer a su íntimo amigo José Ibáñez Martín (1896-1969 ), también catedrático de instituto y nuevo ministro de Educación Nacional desde el 9 de agosto de 1939, de que quedasen «sin efecto cuantos nombramientos, designaciones o encargos hayan podido hacerse antes de esta organización de la investigación científica». A favor de adoptar esa medida argumentó, refiriéndose a la labor de Palacios, que «no se ha encauzado nada, y cuando se ha intentado mejor hubiera sido dejarlo: el Rockefeller [el Instituto Nacional de Física y Química], que se quiso constituir inmediatamente [después del final de la guerra], era a base de institucionistas de los más altos grados, personas venidas del extranjero al Madrid rojo, etc. La Institución [Libre de Enseñanza] en el poder no hubiera sabido hacer más. Por desconocimiento y desidia, se daba la absurda sensación de que los rojos son necesarios para hacer marchar la alta cultura, la investigación y las relaciones con el extranjero». Ante ataque tan furibundo la caída en desgracia de Julio Palacios estaba próxima.
Y así, aunque tras la creación del CSIC el 24 de noviembre de 1939 Palacios presentó sus credenciales para ser el futuro secretario del nuevo organismo de la política científica española el ministro Ibáñez Martín optó para ese puesto por quien sería su consejero aúlico José María Albareda, según decreto de 30 de diciembre de 1939, que no apareció publicado en el BOE hasta el 24 de enero de 1940. Se sancionaba así el control del CSIC por el Opus Dei, organización de la que era un destacado representante Albareda, -de hecho él es uno de los siete jóvenes profesionales que se hicieron una famosa foto el 3 de diciembre de 1937 en Andorra la Vella junto a Escrivá de Balaguer tras cruzar los Pirineos huyendo de la contienda fratricida- en detrimento de figuras científicas monárquicas como Julio Palacios.
Existe un elocuente testimonio que muestra la decepción que sufrió Julio Palacios cuando se dio cuenta del (mal) trato que le dispensaban sus supuestos «amigos políticos», que reproducen Fernández Terán y González Redondo en su jugoso artículo. Es una carta que el propio Palacios remitió al ministro Ibáñez Martín el 6 de abril de 1940 y que dice así:
Al despedirme de V. después de la última y larga entrevista que tuvo la amabilidad de concederme, pronunció V. una frase que me impresionó hondamente. Me dijo: «recuerde V. que ahora gobernamos sus amigos». Confieso que, desde mi regreso de Buenos Aires, [que se produjo a fines de octubre de 1939] han sido tantos los desaires y disgustos que he sufrido, que hubo momentos en que pasó por mi mente la idea de que ocurría todo lo contrario. Pero sus palabras han desvanecido todo recelo y estoy persuadido de que, lo que me sucede y lo que ocurre en otros muchos casos, se debe a la ruin maniobra de gente que se mueve con fines egoístas o, lo que es peor, a nuestros enemigos, que tratan hábilmente de entorpecer la obra de reconstrucción de España a la que los buenos españoles deseamos dedicarnos con todo empeño.
A pesar de estas últimas reflexiones Julio Palacios debió de ser consciente que su posición política se debilitaba lo cual se acentuó pocos años después cuando decidió, en 1944, respaldar el llamamiento que hizo Don Juan de Borbón desde Suiza para restaurar la Monarquía. El régimen franquista reaccionó confinándolo en Almansa (Albacete), destituyéndolo de los cargos que aún conservaba- como el vicerrectorado de la Universidad de Madrid- y provocando su semiexilio en Lisboa. Ahí en la capital portuguesa, en los años siguientes, realizaría una notable labor científica en diversas instituciones como el Laboratorio de Radiaciones del Instituto de Oncología y el Laboratorio de Física Atómica de la Comisión de Energía Nuclear.
Como colofón de su interesante investigación Fernández Terán y González Redondo nos prometen un nuevo artículo sobre el papel desempeñado por Julio Palacios como tutor de los estudios del entonces príncipe Juan Carlos, tras un paco alcanzado por el general Franco y don Juan de Borbón.
Lástima que estos investigadores no hayan incorporado en su trabajo sobre las disensiones entre Albareda y Palacios, entre el Opus Dei y los monárquicos conservadores, las aportaciones de historiadores políticos como Joan Thomas sobre las luchas de poder en el interior del régimen franquista. Pero también es de esperar que en sus estudios sucesivos sobre el régimen franquista historiadores políticos como Joan Thomas u otros presten atención en sus análisis a aportaciones efectuadas por historiadores de la ciencia, como las presentadas en esta entrada, o las efectuadas por Lino Camprubí en su importante libro Los ingenieros de Franco. Ciencia, catolicismo y guerra fría en el Estado franquista (Crítica, 2017).
De pie Tomás Alvira, Sainz de los Terreros, José María Escrivá de Balaguer, Pedro Casciaro y Francisco Botella. Sentados personaje sin identificar, Miguel Fisac y José María Albareda, Fotografía tomada en Andorra la Vella el 3 de diciembre de 1937. Procedencia Fundación Valentí Clavero/Editorial Crítica
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